Democracia 1: Gobernar sin blindarse

Introducción

Un Gobierno puede aplicar políticas que rechazamos y seguir actuando democráticamente. También puede ganar unas elecciones y debilitar después las condiciones que permitirían sustituirlo. Confundir ambas cosas nos deja sin criterio: acabamos llamando autoritario a cualquier adversario o justificando cualquier abuso de los nuestros.

El derecho de la mayoría a gobernar lleva una condición: mantener abierta la posibilidad de perder.

Esa condición permite juzgar algo más concreto que la simpatía por un partido. Una mayoría necesita capacidad para decidir, pero también personas e instituciones capaces de pedirle cuentas. Cuando reforma las reglas, importa si mejora esa relación o si consigue que controlarla dependa cada vez más de su permiso.

La mayoría necesita poder hacer algo

En España, las elecciones al Congreso eligen diputados. La formación del Gobierno pasa después por la investidura: el candidato necesita mayoría absoluta de la Cámara en la primera votación o mayoría simple en otra celebrada cuarenta y ocho horas más tarde. Por eso, ser el partido con más escaños y reunir el apoyo necesario para gobernar son cosas distintas. [1]

El acuerdo que permita reunirlos puede merecer una crítica durísima. Puede abandonar compromisos esenciales o incluir decisiones que nos parezcan perjudiciales. Su validez jurídica no resuelve ese juicio político. La Constitución excluye el mandato imperativo para los parlamentarios, pero la libertad de decidir no los dispensa de explicar a sus electores qué han cambiado y por qué. [1]

Una vez formado, el Gobierno necesita capacidad para ejecutar una política. Walter Bagehot defendió esa ventaja al describir el gabinete británico del siglo XIX. En *The English Constitution* llamó «fusión casi completa» a la conexión entre ejecutivo y legislativo. El gabinete unía a quienes impulsaban la política con la mayoría parlamentaria que podía sostenerla. [2] (traducción propia)

Su argumento tiene fuerza: si cada decisión encuentra un veto insuperable, votar un programa deja de servir para llevarlo a la práctica. Coordinar gobierno y mayoría permite actuar y hace más reconocible quién debe responder por lo que se ha hecho. La estabilidad tiene valor porque las políticas necesitan tiempo y continuidad.

Pero sostener al Gobierno y fiscalizarlo son responsabilidades distintas. La mayoría que le da los votos también debe exigir explicaciones sobre sus resultados. Si convierte cualquier control en una agresión, deja de representar a los ciudadanos para actuar como protección del ejecutivo.

Que el control pueda incomodar

El *Federalista 51*, publicado en 1788 y atribuido a James Madison, abordó el peligro de concentración al defender el diseño constitucional estadounidense. «Hay que hacer que la ambición contrarreste a la ambición», proponía. Cada órgano necesitaba medios y motivos para resistir que otro invadiera sus competencias. La elección popular era el control principal, pero requería garantías adicionales. [3] (traducción propia)

Bagehot y el *Federalista* escribían sobre instituciones y épocas diferentes. Sus razones, puestas en relación, permiten entender la dificultad: el poder necesita coordinación para funcionar y resistencia para no desbordarse. Un buen diseño debe hacer posibles ambas cosas.

La moción de censura española muestra una forma concreta de resolver esa tensión. El Congreso puede sustituir al Gobierno por mayoría absoluta, pero la moción debe incluir un candidato alternativo. Para retirarle la confianza no basta sumar rechazos. Hay que reunir una mayoría capaz de investir a otra persona. [1]

Esa censura constructiva protege la continuidad y tiene un coste: un Gobierno puede seguir aunque sus adversarios coincidan en querer que se marche, si no acuerdan quién lo sustituye. La dificultad de lograr ese acuerdo no demuestra que la salida esté cerrada. Es el requisito de una regla que une destitución y alternativa. [1]

Lo que merece defensa es que esa vía siga disponible y pueda utilizarse contra quien manda. Lo mismo vale para la fiscalización durante el mandato. Un control que nunca puede obtener información, contradecir al gobernante o producir consecuencias conserva el nombre, pero pierde su función.

También puede haber controles mal diseñados, arbitrarios o paralizantes. Defenderlos de cualquier reforma sería confundir su utilidad con su intocabilidad. La respuesta razonable es delimitar su tarea, exigir razones y corregir sus defectos. Ponerlos al servicio de la persona a la que deben controlar elimina precisamente la relación que justificaba su existencia.

Poder perder exige algo más que urnas

Robert A. Dahl vinculó en *Polyarchy* (1971) la respuesta del gobierno a ciudadanos políticamente iguales con libertades de organización y expresión, información alternativa y elecciones libres. Esas garantías permiten formar preferencias, expresarlas y hacerlas contar. Su argumento ayuda a entender por qué la igualdad política necesita condiciones que se conservan entre elecciones. [4]

Si un ciudadano no puede informarse, organizar una alternativa o defenderla sin represalias, su papeleta llega al final de una competición ya dañada. Y si quien pierde apoyo puede neutralizar a quienes deben controlarlo, la siguiente elección corre el riesgo de conservar la ceremonia mientras pierde capacidad para cambiar el poder.

No hace falta que toda mala política se convierta en una crisis de la democracia para oponerse a ella con firmeza. Incumplir una promesa exige responsabilidad política. Reducir las posibilidades de investigar, competir o sustituir al gobernante afecta además a la capacidad de corregir ese incumplimiento. Esa diferencia permite discutir con mayor precisión y reconocer un daño institucional incluso cuando beneficia a nuestro partido.

Por eso, una reforma de los controles debe juzgarse también desde el lugar de quien mañana estará fuera del Gobierno. ¿Seguiría permitiéndole conocer lo que se hace, discutirlo y exigir responsabilidades? ¿Aceptaríamos esa misma capacidad de decisión en manos del adversario? La respuesta importa porque las reglas seguirán actuando cuando cambie la mayoría.

Una democracia justa permite gobernar sin convertir la victoria en un privilegio para quedarse. La mayoría puede cambiar políticas y reformar instituciones. Debe conservar a quienes la rechazan sus derechos y vías eficaces para controlarla y ganarle.

Ahí está el límite que merece defenderse, también cuando incomoda a los nuestros. Si una reforma solo nos parece buena mientras nuestro partido mande, hemos encontrado una ventaja partidista. Todavía nos falta justificar una regla democrática.