La huelga que conviene al Gobierno

¿Aplaudir una protesta que también cuestiona la gestión de tu propio Gobierno?

La realidad supera la ficción en España. Se habla mucho de que los Simpson siempre anticipan lo que termina ocurriendo, creo que esto no lo han visto venir ni sus mejores guionistas. Desde Nicolás Maquiavelo hasta los fantásticos Monty Python aplaudirían al equipo de comunicación del Gobierno por la originalidad de sus jugadas, argumentos y estrategias.

Después de más de ocho años en el poder, Pedro Sánchez respalda una huelga por la vivienda, los salarios y el coste de la vida, mientras sus compañeros señalan a la oposición. A los trabajadores les piden que paren. Quienes gobiernan pretenden acompañarlos en la protesta y volver a presentarse a las elecciones como la solución.

Maquiavelo dejó escrito en El príncipe: «No es preciso que un príncipe posea todas las virtudes citadas, pero es indispensable que aparente poseerlas». No se me ocurre una entrada más oportuna para hablar de un Gobierno que intenta aparecer junto a quienes reclaman respuestas sobre problemas que él mismo lleva años obligado a resolver.

¿A quién le están pidiendo soluciones?

Yolanda Díaz llamó el 6 de noviembre a las plantillas y comités de empresa a secundar la huelga. Conviene recordar desde qué despacho lo hizo. Es vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Dirige ese ministerio desde enero de 2020 y ocupa una vicepresidencia desde marzo de 2021, la segunda desde julio de aquel año. Ha tenido tiempo y responsabilidad para intervenir en las condiciones laborales por las que ahora anima a protestar.

¿Qué explicación les ofrece a esos trabajadores sobre las medidas que siguen pendientes? Me gustaría escucharla antes de verla ponerse al frente de su malestar. Tiene a su disposición un ministerio y un asiento en el Consejo de Ministros, desde donde puede impulsar decisiones y debe responder por las que haya defendido, aceptado o dejado sin resolver.

Sánchez también ha respaldado la huelga. La presenta como una movilización a favor de una causa y reclama el compromiso de instituciones y partidos para evitar desahucios. Entre esas instituciones está el Gobierno que preside. ¿Cómo puede pedir ese compromiso sin empezar por explicar qué ha conseguido el suyo y por qué considera insuficientes sus resultados?

La oposición responde por sus votos, incluida su negativa a apoyar determinadas medidas de vivienda. El Ejecutivo, además, debe responder por los años durante los que ha podido proponerlas, negociarlas y ejecutarlas. Una votación parlamentaria merece ser examinada con sus consecuencias. La crisis de vivienda exige un balance bastante más largo.

El malestar cambia de destinatario

María Jesús Montero lo expresó con especial claridad el 6 de octubre. La secretaria general del PSOE andaluz dijo que la huelga se convocaba «contra la oposición», a la que responsabilizó del rechazo al decreto de vivienda. Dos días después, el ministro Félix Bolaños hizo suyas sus palabras.

Aquí está la maniobra que me parece necesario discutir. Como en una técnica de artes marciales, el Gobierno trata de aprovechar el impulso de quien se acerca a exigirle explicaciones, girarlo y proyectarlo contra su adversario. El trabajador llega enfadado porque no puede pagar un alquiler y acaba escuchando que el responsable está enfrente de quienes llevan años gobernando.

Comprendo perfectamente que alguien quiera hacer huelga porque trabaja y aun así no consigue independizarse, o porque teme perder la casa donde vive con sus hijos. Su angustia merece una respuesta. Precisamente por eso me indigna que ese esfuerzo pueda acabar convertido en una ocasión de campaña para los dirigentes a los que también corresponde reclamar soluciones.

¿Qué va a cambiar para quien pierda un día de sueldo por secundar el paro? Los convocantes deberían poder explicárselo sin recurrir a la promesa de que todo mejorará si vuelven a ganar los mismos.

Una huelga a las puertas de las urnas

El paro del 11 de noviembre se celebra dieciocho días antes de las elecciones del 29. Sánchez combina su respaldo a la protesta con el llamamiento a movilizarse, votar y seguir gobernando. Díaz anima a secundar la huelga y pide el voto para impedir que la «barbarie» llegue a La Moncloa.

Mi lectura es que están intentando convertir el descontento en movilización electoral a su favor. Los sindicatos sostienen que preparaban la convocatoria antes de que se anunciaran las elecciones. Esa explicación sobre el calendario no resuelve qué exigencias van a mantener frente al Ejecutivo que hoy aplaude su protesta.

El antecedente comparable es la huelga general estatal de veinticuatro horas que UGT y CCOO convocaron conjuntamente en noviembre de 2012. Durante la presidencia de Sánchez no habían vuelto a impulsar juntas una convocatoria de ese alcance y duración. ¿Por qué recuperan ahora esa presión mientras los dirigentes del Gobierno intentan dirigirla hacia la oposición? Sus afiliados merecen una respuesta mejor que la habitual coincidencia de consignas.

¿A quién están defendiendo los sindicatos?

UGT y CCOO deberían pedir a Sánchez y Díaz que expliquen por qué siguen pendientes las medidas que ahora reclaman en la calle. Aunque sea un poco tarde, después de más de ocho años. A cualquier afiliado le preguntaría si se conforma con este calendario y si cree que las exigencias habrían sido las mismas con otro Gobierno.

Me da igual que gobierne la izquierda, el centro o la derecha. Siempre habrá decisiones que perjudiquen a unos trabajadores, y los sindicatos tendrán que estar ahí para defenderlos. Esa es la independencia que les pido cuando digo que deberían ser apolíticos. Por supuesto que pueden defender propuestas sobre salarios o vivienda. Lo que no acepto es que la afinidad con quien gobierna determine hasta dónde están dispuestos a exigirle.

Reconozco el valor de organizarse para negociar frente a quien tiene más poder. Por eso me parece una vergüenza que un sindicato pueda acabar más pendiente de acompañar el relato del Gobierno que de reclamarle resultados. Los trabajadores también tienen derecho a enfadarse con aquellos a quienes pagan una cuota y confían su representación.

Y después de las elecciones, que sigan exigiendo. Aunque vuelvan a gobernar partidos con los que comparten ideas. Si el Gobierno dice que está de acuerdo con esas demandas, que concrete cuáles va a atender y en qué plazo. ¿Van a pedirle que cumpla o volverán a encontrar una explicación para esperar un poco más?

La representación negociadora también necesita explicaciones. La documentación de la Policía Municipal de Madrid de 2025 muestra que CCOO obtuvo votos, pero ningún representante en aquella junta de personal, y aun así tenía un puesto en la mesa sectorial. La junta elegida y la mesa negociadora cumplen funciones distintas, y la ley reconoce derechos ligados a la implantación general de determinadas organizaciones. El reparto concreto de esa mesa debería explicarse con la misma claridad con la que se pide el voto al trabajador.

El miedo al otro también sirve para conservar el poder

Hay otra consecuencia de esta forma de hacer política que me preocupa especialmente. Si toda elección se plantea como la necesidad de impedir una catástrofe provocada por el adversario, el balance de quien gobierna acaba pasando a segundo plano. A quien se siente decepcionado con su partido se le pide que aparque su decepción porque lo que viene sería peor.

Ese argumento favorece el voto útil a las formaciones grandes y puede dejar sin espacio a partidos pequeños del mismo bloque. En la izquierda, el PSOE puede beneficiarse de esa concentración aunque una parte de sus votantes esté descontenta con su gestión. Me parece especialmente doloroso para quienes siguen creyendo en la igualdad y la defensa de los trabajadores, y terminan justificando comportamientos que les resultarían intolerables en sus adversarios.

¿Cuántas explicaciones estamos dispuestos a aceptar antes de pedir que algo cambie? Cuando una polémica sucede a otra, resulta fácil acabar discutiendo la última declaración y dejar pendiente la respuesta a lo anterior. A mí me preocupa que nos acostumbremos a esa forma de gobernar y que el cansancio termine haciendo el trabajo que deberían hacer las explicaciones.

La alternancia es parte normal de una democracia. Un ciudadano puede defender buenos servicios públicos, querer que las empresas creen empleo y exigir acuerdos entre partidos sin tener que entregar su criterio a un bloque. Reducir esa variedad a dos bandos enfrentados facilita la campaña de quienes aspiran a encabezarlos, pero empobrece nuestras posibilidades de exigirles algo mejor.

Mañana habrá trabajadores que sacrifiquen salario para reclamar una vida más llevadera. UGT y CCOO deberían llegar a esa jornada con una explicación sobre lo que van a exigir a Sánchez y Díaz, y mantenerla después de las elecciones, gobierne quien gobierne. Yo quiero saber si están dispuestos a incomodar al Gobierno que hoy les da la razón, porque ahí es donde su independencia va a dejar de ser una declaración y tendrá que verse en sus decisiones.

Antes de pedirle al trabajador que pare, deberían explicarle por qué han esperado tanto y qué van a hacer si quienes hoy aplauden vuelven a dejar sus demandas pendientes.

Eduardo Atienza