Ejecutar la mitad del presupuesto: tres porcentajes que cuentan historias distintas

Introducción

Un gobierno anuncia diez millones para renovar edificios públicos. Meses después afirma haber ejecutado el 50%. La oposición replica que solo ha pagado un tercio. Ambas cifras pueden salir de la misma contabilidad. Lo decisivo es qué fase compara cada una y con cuánto dinero disponible.

En un ejemplo hipotético, el crédito inicial de diez millones aumenta a doce. Al cierre de septiembre se han comprometido nueve, reconocido obligaciones por seis y pagado cuatro. No son cifras de ninguna administración real.

De dónde salen el 50%, el 60% y el 33,3%

Los seis millones de obligaciones reconocidas equivalen al 50% de los doce disponibles. Comparados con los diez iniciales dan un 60%. Los cuatro pagados son aproximadamente el 33,3% de los doce definitivos. El primer porcentaje mide obligaciones sobre crédito definitivo. El último mide pagos sobre ese crédito. La segunda operación usa otra base.

La diferencia no es un tecnicismo inocuo. El cambio de diez a doce aumenta la capacidad autorizada y reduce el porcentaje de ejecución si el numerador permanece igual. Una serie que mantiene el numerador y cambia silenciosamente el denominador puede presentar como deterioro de gestión lo que incluye una ampliación presupuestaria.

La Ley General Presupuestaria, artículo 73 [1], distingue aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material en el ámbito estatal que regula. Autorizar un gasto reserva crédito. Comprometerlo vincula a la Hacienda en sus términos. Reconocer la obligación declara un crédito exigible después de acreditar la prestación o el derecho. La ley permite acumular fases. No todos los gastos recorren una sucesión de anuncios separados.

Dos explicaciones de los mismos seis millones

El responsable del programa puede decir que las obras siguen el calendario: una certificación importante estaba prevista para el último trimestre. La crítica puede sostener que el retraso refleja una licitación fallida. La tasa del 50% no decide entre esas explicaciones.

En la primera variante hipotética, un contrato y su calendario fijan de antemano la entrega pendiente para diciembre. La cifra de septiembre no prueba incumplimiento de ese hito. En la segunda, el expediente registra una licitación desierta y la obra prevista para septiembre no ha empezado. El mismo porcentaje agregado oculta ahora un retraso material. El documento cambia el juicio porque cambia el hecho, no porque se haya escogido un porcentaje favorable.

También importa a quién afecta el retraso. Una demora pequeña en el total puede concentrarse en el único edificio que permite acceder a un servicio a un barrio. El grado agregado de ejecución no describe esa distribución.

Gastarlo todo tampoco resuelve la evaluación

Pagar doce millones acreditaría un avance financiero diferente. No demostraría que los edificios tengan menos averías o sean accesibles. La Ley 27/2022, artículo 9 [2], distingue evaluar el despliegue de una política y evaluar sus resultados e impactos.

La objeción a exigir ejecución es que gastar menos puede significar conseguir lo mismo a menor coste. Es cierto, si se entrega una prestación equivalente. Si el menor gasto procede de excluir edificios o reducir calidad, la palabra ahorro oculta una reducción del servicio. En ambos casos hacen falta resultados materiales, además del pago.

Ejecutar más es una señal relevante cuando permite cumplir lo prometido en plazo. No es un objetivo autosuficiente. Una rendición de cuentas defendible une etapa financiera, fecha y servicio entregado. Sin esos tres elementos, celebrar un porcentaje o denunciarlo puede ser una forma de eludir la misma pregunta: qué recibió finalmente la ciudadanía por ese dinero.