Sistemas electorales 1: Tu voto y tu provincia

Introducción

En las generales de 2023, Soria ¡Ya! obtuvo 9.697 votos y ningún diputado. Representaban aproximadamente el 19,1 % de los votos válidos de su provincia. En Madrid, Vox consiguió cinco escaños con alrededor del 14 %. El porcentaje, por sí solo, no explica qué representación consigue una candidatura. Hay que saber dónde se cuentan sus votos y cuántos puestos están en juego.

Las dos candidaturas son distintas y compiten contra rivales distintos. La comparación no aísla una causa por sí sola. Hace visible una pregunta que sí podemos resolver: ¿qué decisiones convierten esos votos en resultados tan diferentes? Los datos proceden de los resultados definitivos del Congreso publicados por la Junta Electoral Central [1], incluido el voto exterior.

Antes de dividir votos hay que repartir los puestos

España elige actualmente 350 diputados. La Constitución [9] permite entre 300 y 400. Ese número limita cuánto puede afinarse cualquier reparto: no es posible entregar a un partido medio diputado.

Después hay que decidir dónde se eligen. El Congreso utiliza 52 circunscripciones: las cincuenta provincias y Ceuta y Melilla. Cada una reparte sus puestos con los votos emitidos allí. Los apoyos de una lista que no consigue diputado en una provincia no se suman a los de otra para rescatar un escaño nacional.

Todavía falta una decisión: cuántos diputados corresponden a cada territorio. La LOREG, artículos 161 y 162 [2], asigna dos inicialmente a cada provincia y uno a cada ciudad autónoma. Los 248 restantes se distribuyen según población, mediante cuotas y mayores restos. La población influye, pero el reparto no parte de cero en todos los territorios.

El mínimo inicial beneficia relativamente a las provincias menos pobladas. En 2023, Soria eligió dos diputados, Teruel tres y Madrid treinta y siete. Si solo cambiáramos la fórmula utilizada después, ese reparto territorial seguiría siendo el mismo.

En qué sentido puede pesar más un voto

Conviene separar tres preguntas. Una es cuántos electores hay por representante. Otra, qué facilidad tiene una candidatura para lograr un puesto en su provincia. La tercera es cuánto puede influir un escaño ya obtenido en una negociación parlamentaria. No son medidas intercambiables.

Con el censo oficial de 2023 [10], incluidos residentes en el extranjero, Soria tenía 37.884 electores por diputado. Teruel, aproximadamente 35.451. Madrid, 141.204. La relación madrileña era unas 3,73 veces la soriana. Es una comparación de representación respecto al electorado inscrito, no una estimación de la probabilidad de que una papeleta concreta decida un escaño. La asignación legal se calcula con población, no con este censo electoral.

La paradoja es que una provincia puede estar relativamente sobrerrepresentada y, a la vez, dejar sin diputado a muchas personas que votan allí. En Soria, sus dos puestos fueron para PP y PSOE. La candidatura Soria ¡Ya!, con casi una quinta parte del voto válido, quedó fuera. La ventaja del territorio no se reparte por igual entre todas sus opciones políticas.

La forma de la candidatura también importa. En el Congreso se vota una lista cerrada y bloqueada: los puestos se adjudican por el orden de sus candidatos. Alterar nombres u orden en la papeleta invalida el voto en los términos del artículo 96 de la LOREG [3]. Esto limita la elección personal de representantes y es una cuestión distinta de cuántos escaños recibe cada partido. El Senado utiliza otras reglas.

El 3 % permite entrar al cálculo, no asegura un diputado

La barrera legal del Congreso exige al menos el 3 % de los votos válidos de la circunscripción. Los votos en blanco forman parte de ese denominador. Los nulos no. Superar el corte permite participar en el reparto, pero puede seguir dejando a una candidatura muy lejos de obtener representación.

D’Hondt ordena los cocientes que resultan de dividir los votos de cada candidatura admitida por uno, dos, tres y sucesivos divisores. Los escaños corresponden a los cocientes mayores. En Ceuta y Melilla, que eligen un solo diputado cada una, gana el candidato más votado. Es el procedimiento del artículo 163 [4].

En Teruel, el PP obtuvo 26.586 votos y el PSOE 22.226. Los tres cocientes ganadores fueron 26.586, 22.226 y 13.293, este último la mitad del voto popular. El reparto fue dos diputados para el PP y uno para el PSOE.

Son casos reales, no un precio universal del diputado. En un distrito pequeño caben menos opciones y un solo escaño cambia mucho el porcentaje de representación. En un distrito grande hay más puestos entre los que distribuir apoyos. Importan también los rivales y la fórmula. Ninguna de estas cifras significa que los votos que no eligen diputado se hayan contado para otro partido.

Por qué una retirada puede formar parte de la estrategia

El 21 de octubre de 2026, CHA–Frente Amplio anunció que no presentaría lista al Congreso por Teruel [5]. Jorge Pueyo declaró como objetivo «evitar la dispersión del voto». Se trata de una decisión estratégica anterior a la elección: concentrar apoyos puede mejorar las opciones de una candidatura cuando hay pocos escaños.

Hay una objeción política real a ese cálculo. IU Aragón defendió presentar una alternativa propia [6], incluso donde obtener representación fuera difícil. El 23 de octubre comunicó que no podría concurrir al margen de la coalición y mantuvo su petición de rectificación a CHA [7]. La diferencia es comprensible: maximizar puestos para un espacio político puede entrar en conflicto con ofrecer una opción propia a sus votantes.

La cuenta histórica ayuda a medir el incentivo, pero también su límite. Si sumamos hipotéticamente al PSOE los 4.126 votos de Sumar de 2023, obtenemos 26.352. Su segundo cociente sería 13.176, todavía por debajo de los 13.293 del PP. Esa suma no habría cambiado el reparto. Harían falta 235 votos adicionales para asegurarlo. Con 234 se igualarían los votos totales y el cociente de ambas listas, y el primer empate se resolvería por sorteo según la ley.

Esto supone que todos aquellos votos cambian de papeleta y que los demás permanecen iguales. La retirada no ordena ese traslado. Tampoco todos los integrantes ni electores de Sumar de 2023 pertenecen a la misma coalición en 2026. Puede existir un objetivo de favorecer una mayoría progresista sin que haya un escaño garantizado ni quede demostrado un pacto de intercambio de cargos.

La pregunta de justicia que no resuelve una división

Alberto Penadés y Salvador Santiuste escribieron en su estudio de 2013 que «los votos no cuentan todos lo mismo» (página 90 [8]). Analizaban separadamente el tamaño de los distritos y su representación relativa. Esa distinción permite entender por qué cambiar D’Hondt puede mejorar una parte del problema y dejar otra intacta.

Nuestra posición es que una desigualdad de representación necesita una justificación pública, no basta con que lleve décadas funcionando. Garantizar presencia a zonas menos pobladas es un objetivo defendible. También lo es que dos ciudadanos tengan un peso parecido para decidir la composición del Congreso. Cuando esos objetivos chocan, hay que mostrar el coste y discutir alternativas.

El voto se cuenta, pero su transformación en representación está condicionada por decisiones institucionales. En la segunda parte compararemos cambios concretos con los mismos votos de 2023 y explicaremos por qué reformar esas decisiones resulta políticamente difícil.