Sistemas electorales 2: ¿Se puede repartir mejor el Congreso?

Introducción

El Congreso de 2023 dio 137 escaños al PP y 121 al conjunto PSOE–PSC. Vox obtuvo 33 y Sumar 31. ¿Habría sido distinto con otra fórmula? Podemos hacer esa cuenta. Para saber si sería más justo, además hay que decir qué queremos mejorar.

Aquí priorizamos dos objetivos: acercar el porcentaje de escaños al porcentaje de votos y reducir la dependencia de la representación respecto al lugar donde se emite el sufragio. Son criterios de igualdad política. No agotan el debate: también importan la vinculación territorial, la posibilidad de exigir responsabilidades y la formación de gobierno.

Partimos de los resultados definitivos del 23 de julio de 2023 publicados por la Junta Electoral Central [1]. Hemos reproducido el reparto de las 52 circunscripciones y sus 350 escaños. Después cambiamos reglas manteniendo los votos. Es una simulación mecánica, no una predicción de cómo votaría la gente con otro sistema.

Tres repartos con los mismos apoyos

El primero es el resultado real. En el segundo mantenemos las provincias, sus escaños y el 3 % provincial, pero sustituimos D’Hondt por Sainte-Laguë estándar. Sus divisores son uno, tres, cinco y sucesivos impares. Ceuta y Melilla mantienen su regla de un solo puesto.

El tercero cambia también la geografía del cálculo: tratamos España como un distrito de 350 puestos, sin barrera legal, y aplicamos cuota Hare y restos mayores. Cada candidatura recibe primero la parte entera de su cuota proporcional y los puestos pendientes se asignan a las mayores fracciones. Es un modelo de comparación que exigiría una reforma constitucional para sustituir la circunscripción provincial.

La última fila de candidaturas se desglosa así: en Sainte-Laguë entrarían Nueva Canarias y Coalición Existe con un diputado cada una. En Hare estatal entrarían PACMA con dos, y CUP, Frente Obrero, Nueva Canarias y PDeCAT con uno cada una. Ningún escaño queda escondido en un resto sin asignar.

PSOE y PSC se calculan como aparecen separados en los cuadros oficiales y se suman después para facilitar la lectura. No se presupone que constituyan una nueva lista estatal. En una prueba de sensibilidad, tratarlos como una sola lista nacional también da 112 bajo Hare en estos datos. Las cuentas completas y las reglas de desempate deben acompañar la comparación.

A quién beneficia el resultado actual

Respecto al modelo Hare estatal utilizado aquí, PP tiene veinte escaños más y PSOE–PSC nueve más. Vox tiene once menos y Sumar trece menos. La concentración territorial evita que todos los partidos pequeños sufran igual: ERC conserva siete en ambos, mientras UPN mantiene uno con bastante menos voto nacional que PACMA, que quedó fuera del Congreso real.

Eso no demuestra que un partido pequeño territorial esté siempre sobrerrepresentado. BNG y Coalición Canaria subirían de uno a dos con Hare estatal. Tampoco demuestra que toda reforma proporcional favorezca a la izquierda. Con Sainte-Laguë, Vox pasa de 33 a 43 y Sumar de 31 a 37. El criterio de evaluación debe mantenerse aunque un resultado beneficie a una fuerza que desagrada al medio o al lector.

La comparación permite responder sin atribuir motivos ocultos: en estos votos concretos, las reglas vigentes dan una prima importante a las dos mayores fuerzas nacionales frente a una referencia estatal proporcional. Qué defiende cada partido sobre una reforma se comprueba después en sus propuestas y decisiones.

¿Basta con hacer un reparto nacional?

Depende también de la barrera. En otro ejercicio hemos aplicado un 3 % de todos los votos válidos de España como condición de acceso a Hare estatal. Solo pasan PP, PSOE, PSC, Vox y Sumar. El resultado sería PP 129, PSOE–PSC 124, Vox 49 y Sumar 48. ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y UPN quedarían fuera.

Una barrera nacional no equivale a la actual barrera provincial. Puede excluir opciones relevantes para un territorio aunque sus apoyos allí sean elevados. Un cambio anunciado como más igualitario puede introducir otra exclusión si no se explica ese detalle.

Hare sin barrera acerca mucho más los puestos al voto estatal, pero tampoco produce una reproducción perfecta ni garantiza que toda opción obtenga un representante. Coalición Existe, con 20.440 votos sumando sus candidaturas, seguiría sin escaño en ese escenario. Y dejaría de estar garantizado un mínimo de diputados por provincia. Eso puede debilitar la presencia explícita de zonas menos pobladas y favorecer listas cuya dirección se decide lejos del votante.

Un sistema mixto compensatorio ofrece otra vía: mantiene representantes territoriales y utiliza otro reparto para corregir la desproporción del total. No es lo mismo que añadir una segunda bolsa de puestos sin compensar la primera. Para evaluarlo hay que fijar ambos niveles, el total de diputados, la barrera y qué ocurre si una candidatura obtiene más puestos territoriales de los que le corresponden proporcionalmente. No atribuimos aquí cifras a un diseño que aún no hemos definido.

Cómo nació el sistema y por qué cuesta cambiarlo

Su arquitectura básica procede de las normas electorales de marzo de 1977 [8], anteriores a la Constitución de 1978. La LOREG la consolidó en 1985. Desde las primeras elecciones de junio de 1977 hasta octubre de 2026 han pasado unos 49 años. La permanencia del núcleo del sistema no significa que nunca haya cambiado ninguna regla electoral.

La representación territorial, el pluralismo y la estabilidad de gobierno han formado parte de su defensa. Pero también hay efectos partidistas. Penadés y Santiuste estudiaron el premio de localización del voto y su sesgo favorable a UCD y PP frente al PSOE en condiciones comparables, con datos históricos hasta 2011. Es una investigación de efectos, no una descripción intemporal de cada elección ni una prueba de que todo votante conservador reciba una ventaja.

José Ramón Montero y Pedro Riera identificaron en 2009 una dificultad política: los dos partidos capaces entonces de impulsar una reforma significativa «carecen de incentivos para hacerlo» (página 265 [6]), porque recibían una prima de representación. También recogían la defensa de la estabilidad y las discrepancias sobre los objetivos de una reforma. Su diagnóstico ayuda a entender la resistencia, pero no sustituye comprobar las posiciones actuales de los partidos.

Qué se está proponiendo ahora y qué se ha cambiado

La dificultad no consiste únicamente en tocar una ley antigua. También hay que elegir en qué dirección cambiarla. El 29 de junio de 2026, el propio PP publicó la propuesta de Feijóo [9] de conceder escaños adicionales al ganador para garantizar la estabilidad, cuando existan consensos suficientes. Es una posición actual de un actor con capacidad para negociar una reforma: el PP había obtenido 137 diputados en 2023. Premiar al ganador aumenta una ventaja de representación, mientras nuestra propuesta busca reducirla. Estar a favor de cambiar la ley no significa estar de acuerdo en hacerla más proporcional. La declaración documenta esa prioridad. No demuestra que el partido haya bloqueado en una votación Sainte-Laguë ni autoriza a atribuirle motivos privados.

También hay una iniciativa reciente que llegó a convertirse en ley. El Grupo Socialista presentó el 8 de mayo de 2026 la proposición 122/000280 [12], aprobada sin modificaciones. La Ley Orgánica 2/2026 [11] adaptó la LOREG para que Formentera eligiera un senador propio, tras la correspondiente reforma constitucional. Ese acuerdo resolvió una representación territorial del Senado. Su objeto no incluía modificar el reparto del Congreso que examinamos aquí.

El contraste importa: se puede reunir acuerdo para una reforma electoral concreta y conservar al mismo tiempo las desigualdades de otra Cámara. No es una imposibilidad general de reformar. En ese expediente, los legisladores aprobaron una solución delimitada a Formentera. No cabe transformar esa decisión en una prueba de que sus promotores rechacen cualquier mejora de la proporcionalidad del Congreso.

Hay además una decisión que determina el escenario inmediato. El Real Decreto 806/2026, publicado el 6 de octubre [10], disolvió ambas Cámaras y convocó elecciones para el 29 de noviembre bajo la LOREG. El anexo asigna 38 diputados a Madrid y ocho a Cádiz. Nuestros ejercicios utilizan los votos y los 37 y nueve escaños respectivos de 2023. Son una comparación histórica reproducible, no el reparto territorial de la convocatoria de 2026.

Así puede responderse al porqué sin adivinar intenciones. Hace falta una alternativa concreta y una mayoría que la apruebe. El PP ha defendido una prioridad distinta de reducir las primas y la reforma aprobada este año tenía otro objeto. La convocatoria vigente mantiene las reglas del Congreso. Estos hechos explican los límites de los cambios examinados y qué decisiones siguen pendientes. No documentan una votación reciente que haya rechazado exactamente nuestros modelos. Interpretar las ventajas de los partidos grandes como una resistencia probable es una inferencia apoyada en los estudios históricos, no una intención actual probada.

Qué se puede reformar y qué exigiría cambiar la Constitución

D’Hondt está en la LOREG, no en la Constitución. Sustituirlo por otra fórmula compatible con representación proporcional no exige por ese solo cambio reformar el texto constitucional. La modificación de la ley orgánica necesita mayoría absoluta del Congreso en la votación final de conjunto. Con 350 diputados, son 176. El artículo 81 [2] fija esa exigencia.

La provincia y una representación mínima inicial sí están previstas en el artículo 68. El mínimo concreto de dos pertenece a la ley. También cabría aumentar el Congreso hasta 400 dentro del límite constitucional. Cambiar la provincia por un distrito estatal requeriría reformar la Constitución, cuyo procedimiento ordinario parte de tres quintos de ambas Cámaras y prevé vías y condiciones adicionales en el artículo 167 [3].

Una demanda ciudadana puede presionar y organizar apoyo, pero no reemplaza esas mayorías. La iniciativa legislativa popular está excluida de las materias propias de ley orgánica por el artículo 87.3. Esa restricción ayuda a explicar por qué recoger firmas no cambia directamente el sistema electoral.

Nuestra conclusión

España puede mejorar la igualdad del voto y la proporcionalidad. La imposibilidad de satisfacer perfectamente todos los objetivos no justifica conservar cualquier desigualdad. Entre los modelos calculados, Hare estatal sin barrera es la referencia más cercana a la proporcionalidad nacional. Su coste es abandonar la garantía provincial tal como existe hoy, y no resuelve por sí solo la responsabilidad de los diputados ante sus electores ni la formación de gobierno.

Defendemos reducir las primas territoriales y partidistas que no tengan una justificación suficiente. Sainte-Laguë provincial ofrece una mejora concreta de proporcionalidad con estos votos, pero deja intacta la desigual asignación entre territorios. Una reforma más ambiciosa debería estudiar compensación estatal y vinculación territorial conjuntamente, con todas sus reglas y costes a la vista.

La reforma de Formentera muestra que las reglas electorales pueden cambiar cuando se acuerda una solución. La propuesta del PP muestra que el cambio también puede buscar una prima mayor al ganador. Nuestra posición es otra: exigir una justificación pública de cada desigualdad y negociar una alternativa que acerque los escaños a los votos. Las reglas vigentes, los efectos calculados y las declaraciones citadas permiten defender esa exigencia. No permiten afirmar que conocemos las razones privadas de cada partido para conservar el reparto del Congreso. La estabilidad merece una defensa, pero no un cheque en blanco sobre la igualdad política de los ciudadanos.